¿Qué está regulado, qué se mira de verdad y qué falta para cerrar las lagunas de la contaminación de los ríos?
Versión 1.0 · 11 nov 2026
Cinco capas encadenadas. Y ahora, la letra pequeña: cada capa tiene su pieza, y ninguna lo hace todo.
Fuentes: Constitución, art. 149.1.22 y 23; Ley de Aguas, arts. 100-101, 105, 113 y 116-119; RDPH, arts. 245-254 y 327-328; Ley 7/1985, arts. 25.2.c y 26; RD 47/2022, arts. 4-6 y 10. Confianza: alta en la norma; media en el reparto de sanciones de comunidades y ayuntamientos, que no se ha leído caso a caso.
Tres bloques. Las cifras de unos y otros no se pueden restar entre sí.
Estado de las masas de agua superficiales. «Buen estado» exige a la vez calidad biológica y química dentro de umbrales fijados por norma.
España subió unos cuatro puntos entre ciclos, pero el ministerio reconoce que quedó lejos de sus objetivos de 2021, sobre todo por el bajo porcentaje de ejecución de los programas de medidas.
Fuentes: MITECO, Síntesis de los borradores de planes hidrológicos (21/06/2021), 12 demarcaciones intercomunitarias, porcentajes sobre el total de masas de cada ciclo; Agencia Europea de Medio Ambiente, Europe's state of water 2024. No son comparables: distinto año, distinto conjunto de cuencas, y la cifra europea separa lo ecológico de lo químico. Falta la cifra final de los planes aprobados y la de las cuencas que gestionan las comunidades. Confianza: alta en el dato citado; baja para comparar España con la UE.
Contaminación por nutrientes. Del orden del 22 % de las masas superficiales tiene impactos por nutrientes: 907 masas superficiales no alcanzarán el buen estado por ese motivo.
Fuente: MITECO, síntesis de los borradores de planes (2021), apartado «Lucha contra la contaminación difusa»; 12 demarcaciones intercomunitarias. El texto atribuye la contaminación difusa «principalmente» a excedentes de fertilizantes y purines. Confianza: media-alta (borrador de 2021).
El Tribunal de Justicia de la UE, dos sentencias.
Son 51 aglomeraciones distintas; varias figuran en más de un apartado. El fallo no impone multa: España paga costas. En abril de 2026 la Comisión llevó a España otra vez ante el Tribunal por 114 incumplimientos de la misma directiva (15 sin colectores, 39 sin tratamiento secundario, 8 en zonas sensibles y 52 sin control de vertidos), en un procedimiento abierto en octubre de 2017.
Fuentes: sentencia C-433/23 (fallo, puntos 1 a 4 contados nombre a nombre) y comunicado de la Comisión Europea del 29/04/2026. El caso de las depuradoras de Madrid, que no aparecen en esa lista, está en ¿Quién paga la depuración que falta para limpiar el Tajo? Confianza: alta.
El Tribunal declaró tres incumplimientos: zonas vulnerables sin designar en Illes Balears, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana (8 puntos de medición contaminados); medidas obligatorias que faltan en los programas de actuación de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid; y falta de medidas adicionales en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Desestimó el resto del recurso.
Fuente: sentencia C-576/22, fallo (comunidades en el orden del fallo, sin juicio sobre quién gobernaba). No hemos podido verificar en la propia fuente la fase de ejecución posterior. Confianza: alta en el fallo.
Censo de vertidos autorizados. Existe, es público y se actualiza cada año. Más de 33.400 vertidos autorizados: 19.122 a aguas superficiales, de transición y costeras, y 14.318 a aguas subterráneas.
Fuente: MITECO, Censo Nacional de Vertidos. Resumen ejecutivo 2023 (tablas por demarcación; urbanos 4.262,9 hm³/año y total 21.604,5 hm³/año; algunas demarcaciones con «datos no actualizados»). Es el volumen autorizado, no la carga contaminante ni lo realmente vertido, y el volumen industrial incluye usos distintos de la contaminación. Porcentajes calculados por RatioC sobre esas tablas. Confianza: media (lectura de tablas de un PDF).
Para cada fuente de contaminación: ¿hay norma?, ¿se controla?, ¿se sanciona? Valoración de RatioC a partir de los textos y datos citados. Gris significa «no medido» o «no analizado»: no es un aprobado.
Confianza: alta en lo regulado y lo controlado; no hay dato en lo sancionado.
Confianza: media. La Directiva de emisiones industriales no se ha analizado en esta propuesta.
Confianza: alta en la norma; ninguna cifra sobre su aplicación.
Confianza: alta en la norma y la sentencia. Fitosanitarios: no analizados aquí.
Confianza: media. Que no exista norma española más allá de PFOS es lectura del RD 817/2015; no se ha rastreado toda la normativa sectorial.
Confianza: alta en la norma. Debería medirlo la Dirección General del Agua con las confederaciones.
Confianza: sin valorar. Se declara la laguna de conocimiento, no de la norma.
Lo que dice la norma sobre qué pasa después de detectar un vertido ilegal.
La multa máxima está fijada en euros, no en proporción al beneficio de contaminar, aunque la ley sí manda ponderar el beneficio obtenido y el coste del tratamiento evitado.
Fuentes: Ley de Aguas, arts. 105, 117-119; RDPH, arts. 327-332 (texto consolidado con RD 665/2023); Ley 40/2015, art. 30. La ley sectorial no fija plazos de prescripción que hayamos localizado. Cómo se aplica a las infracciones «menos graves», categoría que la Ley 40/2015 no recoge, está pendiente de revisión jurídica. Confianza: alta en el texto; media en su interpretación.
Valoración de RatioC, sin medición propia. Eficacia esperada en tres niveles, con confianza. El coste figura solo cuando hay cifra con fuente.
Sin datos de expedientes caducados no se puede saber si la prescripción es un problema real.
Fuentes: Directiva (UE) 2024/3019, arts. 8, 9 y 29; Ley de Aguas, arts. 113 y 117; RDPH, art. 254; RD 47/2022. Las valoraciones de eficacia son juicio de RatioC, no medición.
Dos directivas nuevas que España tiene que trasponer. No son opcionales.
Fuentes: Directiva (UE) 2024/3019, arts. 5, 8, 9 y 33; Directiva (UE) 2026/805, art. 4 y anexos. No hemos podido verificar en qué estado está la trasposición en España a 11/11/2026. Confianza: alta en los plazos; sin dato sobre la trasposición.
Posición de RatioC, no consenso. Se puede discrepar.
Un registro público, abierto y casi en tiempo real de los vertidos y de sus controles, con plazo y consecuencia. Es la pieza más clara porque casi todo ya existe en papel: el censo, el autocontrol y la monitorización de aliviaderos. Falta unirlo y publicarlo.
Por qué esta primera: no exige ley (el censo se regula en el reglamento, art. 254) y convierte las demás lagunas en medibles. Cómo se mide: porcentaje de vertidos con datos publicados a tiempo; porcentaje de aglomeraciones con aliviaderos monitorizados; días entre la detección y la resolución; porcentaje de sanciones cobradas; porcentaje de daños reparados. Riesgos: calidad de los datos, carga en ayuntamientos pequeños (se arregla con umbrales), confidencialidad empresarial (la Ley 27/2006 ya garantiza el acceso a información ambiental) y falsa sensación de control si no se mira lo publicado. Coste: sin estimar; no hay cifra con fuente.
Artículo único. Se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y se añade un artículo 254 quater [número a determinar]:
«Publicidad en tiempo casi real de los vertidos y de sus controles.
Borrador sin revisar por ningún letrado. Pendientes: umbrales, periodos, plazo de adaptación, si la consecuencia por omisión cabe en la infracción citada o necesita rango de ley, y la coordinación con las comunidades en las cuencas que gestionan.