¿Qué se puede hacer cuando alguien litiga una y otra vez, pierde y no paga las costas, sin dejar a nadie sin juez?
Versión 1.0 · 11 nov 2026
El cobro de costas depende de que el condenado tenga con qué pagar.
Cómo funciona hoy el gasto del pleito. Cada parte paga lo suyo a medida que avanza el proceso y, al final, las costas se imponen a quien ve rechazadas todas sus pretensiones, salvo dudas serias de hecho o de derecho. Si el condenado no tiene bienes, el vencedor no recupera lo adelantado.
Fuente: Ley de Enjuiciamiento Civil, arts. 241 y 394.1 (BOE). Confianza: alta en la norma. Cuántas veces falla el cobro y en cuántos casos se repite contra la misma persona: no hay cifra oficial localizada (ver «Lo que nadie sabe todavía»).
Dos problemas distintos que conviene no mezclar. Uno es el vencedor que no cobra (problema de garantía). Otro es quien usa el pleito como presión (problema de abuso). La caución ataca el primero; las multas y las restricciones al reincidente atacan el segundo.
Antes de crear nada nuevo, qué hay en el BOE.
Los tribunales rechazan fundadamente las peticiones con manifiesto abuso de derecho y pueden multar de 180 a 6.000 €, sin pasar de la tercera parte de la cuantía del litigio. Para fijarla miran el perjuicio, la capacidad económica y la reiteración.
Fuente: LEC art. 247, texto vigente desde el 3 de abril de 2025 (reforma por la Ley Orgánica 1/2025, según las notas del BOE consolidado). Confianza: alta. La escala de las barras llega a 10.000 €.
Quien pierde solo paga, por abogados sin arancel, hasta un tercio de la cuantía; pero ese límite no se aplica cuando el tribunal declara la temeridad. El apartado 1 ya prevé costas al vencido salvo dudas serias.
Fuente: LEC art. 394 (BOE consolidado). Confianza: alta.
Si el tribunal aprecia abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley, revoca la justicia gratuita y condena a pagar los gastos y costas. Quien la tiene y es condenado en costas solo paga si en tres años viene a mejor fortuna (art. 36.2).
Fuente: Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, arts. 19.2 y 36.2 (BOE). Confianza: alta.
La LEC exige caución al que pide medidas cautelares (art. 728.3) y regula la caución sustitutoria. No hemos encontrado en la LEC una caución general de costas para el demandante por su historial o por ser extranjero, salvo lo que se lea en leyes especiales.
Fuente: LEC arts. 64.2, 728.3, 737 y 746-747 (BOE). Se buscaron «caución», «fianza» y «arraigo» en todo el texto consolidado; confianza: media-alta (la comprobación es de texto, no de jurisprudencia).
Fuente: Código Penal arts. 172, 250, 456 y 457 (BOE consolidado). Confianza: alta en el texto.
Cinco ordenamientos, leídos en su texto legal. Las normas no son comparables una a una.
Tope de la sanción pública por abuso procesal (no incluye daños ni costas; escalas no equivalentes).
Fuentes: LEC art. 247 (BOE); art. 32-1 CPC francés (texto reproducido en Juritravail; Légifrance no accesible); art. 96 CPC italiano (Brocardi). Confianza: alta en España, media en Francia e Italia (fuentes secundarias del texto legal).
Fuentes: legislation.gov.uk; Ministerio de Justicia del Reino Unido, CPR Parte 25. En la versión actual de las reglas la caución está en 25.26-25.27 (no en 25.13). Confianza: alta.
Fuente: art. 32-1 del Código de Procedimiento Civil (Juritravail, texto del código). Confianza: media.
Fuente: art. 96 CPC (Brocardi, comentario del texto vigente; el apartado 4 viene de la reforma Cartabia de 2022). Confianza: media; falta contrastar con Normattiva.
Fuente: Zivilprozessordnung §§ 85, 110 y 114 (gesetze-im-internet.de). Confianza: alta.
Fuente: Judicial Council of California, página de la lista de litigantes vejatorios. No se pudo leer el artículo 391 en la web oficial; confianza: media.
Art. 24.1 de la Constitución: tutela judicial efectiva «sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión».
El Tribunal Constitucional ya ha dicho cuándo una barrera económica es válida.
La fianza «no es en sí misma contraria al contenido esencial del derecho, siempre que su cuantía, en relación a los medios de quienes pretenden ejercitarlo, no impida u obstaculice gravemente su ejercicio».
Fuente: STC 62/1983, de 11 de julio, fundamento jurídico 3 (fianza para la acción popular penal; es otro supuesto, pero fija el criterio). Confianza: alta en el texto; media en su traslado al proceso civil.
Disuadir el abuso es un fin legítimo; hacerlo a ciegas, no. En 2016 el Tribunal anuló ciertas tasas de recurso. Reconoce la disuasión del uso abusivo como fin legítimo, pero señala que el control previo de lo infundado solo lo ha admitido para denegar la justicia gratuita por insostenibilidad de la pretensión, y rechaza imponer una barrera indiscriminada a todos.
Fuentes: STC 140/2016, de 21 de julio, fundamentos jurídicos 8 y 10 y fallo; LEC art. 247 (texto de 2025). Confianza: alta en el texto; media en la analogía con una caución de costas.
La justicia gratuita es el punto crítico. Se reconoce a quien no supera dos veces el IPREM (persona sola), dos veces y media (familia de menos de cuatro) o tres veces (familia numerosa o de cuatro o más), y es un derecho que la Constitución garantiza a quien acredite insuficiencia de recursos para litigar (art. 119). Una caución general chocaría con ese mandato.
Fuente: Ley 1/1996, art. 3; Constitución, arts. 24 y 119 (BOE). Confianza: alta.
Valoración de RatioC, sin medición propia. Verde: encaja; ámbar: con cambios; rojo: no.
Además, el texto es incoherente: la caución se pide «antes de admitir la demanda» y también «en la contestación». Se exige acreditar solvencia, lo que invierte la carga de prueba.
El art. 394.3 ya levanta el tope del tercio si hay temeridad; un escalón del 150-200 % exigiría definir sobre qué base se multiplica (costas reales, no una cuota). Valoración de RatioC.
El art. 256 vigente no trata de esto: castiga el uso de un equipo terminal de telecomunicación sin consentimiento. La pena del borrador (seis meses a tres años) coincide con la de coacciones (art. 172.1). El texto del tipo está incompleto en el borrador. Las últimas reformas del art. 250 se hicieron por ley orgánica (LO 1/2015 y LO 1/2026).
Fuente: LO 3/2018, art. 10 (tratamiento de datos penales solo con amparo en norma de rango legal). Los datos de condenas civiles en costas no son penales, pero sí datos personales; el análisis del Reglamento (UE) 2016/679 queda pendiente de lectura. Confianza: media.
Valoración de RatioC. Los semáforos miden el encaje con cada criterio.
Posición de RatioC, no consenso. Se puede discrepar.
Más multa y permiso previo para el reincidente declarado, y caución solo a su costa y a instancia de la parte contraria. Nada de barreras generales ni de delito nuevo por ahora.
Qué no se propone: caución general para insolventes (choca con el art. 119 CE y con la doctrina del Tribunal Constitucional), costas del 150-200 % (poco efecto sobre quien no paga) y delito nuevo (hay figuras vigentes). Coste y efecto: sin estimar; no hay cifra con fuente.
Cómo se mediría si funciona (Lean Startup: hipótesis, medir, aprender).
Artículo único. Se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:
Borrador sin revisar por ningún letrado de las Cortes. No sustituye al análisis de una norma con rango suficiente ni a la audiencia del CGPJ.