Los grandes incendios: ¿monte abandonado o clima?

La magnitud: cuánto arde y por qué importa

España es, año tras año, el país de la Unión Europea con más superficie forestal calcinada. La serie oficial que lo mide, la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), arranca en 1968 y es una de las más consolidadas del mundo: se nutre de los "partes de incendio", formularios normalizados con más de 150 campos por siniestro.

Dato verificado: el rasgo que define el problema no es una tendencia lineal, sino una volatilidad extrema. Frente a una media de la última década que las autoridades sitúan en torno a las 104.000 hectáreas anuales (103.918 ha de media en 2014-2023), los años se alternan entre temporadas suaves y catástrofes. En 2024 ardieron 47.711 hectáreas, un 54% menos que la media de la década, el segundo año con menos superficie del decenio por detrás de 2018 (MITECO, avance informativo de 2024). En 2025, en cambio, el fuego arrasó cerca de 393.000–403.000 hectáreas —según se use el dato nacional o el europeo de EFFIS-Copernicus—, el peor año desde 1994 (El Boletín, Infobae).

La perspectiva histórica matiza el relato del "nunca visto": los mayores registros de la serie siguen siendo 1985 (484.475 ha) y 1994 (437.602 ha), cuando los sistemas de extinción eran mucho más débiles (Cocampo). Lo nuevo no es tanto la cifra total como la severidad: incendios que superan la capacidad de extinción y concentran el daño en pocos días.

España frente a sus vecinos: ¿arde más, o arde distinto?

Dato verificado: España no solo bate sus propios récords: encabeza, año tras año, el ranking de superficie quemada de la Unión Europea. A 22-23 de julio de 2026 lideraba con entre 119.458 y 124.969 hectáreas —casi el triple que en la misma fecha de 2025 (35.270 ha)—, muy por delante de Francia (42.810 ha), Italia (36.600 ha), Portugal (29.224 ha), Rumanía (11.957 ha), Croacia (3.318 ha) y Grecia (2.037 ha) (Infobae, Infobae, ambas citando datos de EFFIS-Copernicus).

2025 confirma el patrón a escala continental: según el informe oficial del Joint Research Centre de la Comisión Europea sobre incendios en Europa, Oriente Próximo y el norte de África, la UE27 quemó 1.079.538 hectáreas —récord histórico desde que existe la serie EFFIS (2006), casi el doble de la media 2006-2024—, y España y Portugal concentraron entre los dos 460.585 hectáreas, el 43% de todo lo quemado en la UE, durante la ola de calor de las tres primeras semanas de agosto. España sumó 25 megaincendios ese año y Portugal 24, frente a 8 en Grecia, 2 en Francia y 1 en Italia (JRC/Copernicus — Advance Report on Forest Fires 2025, nota de prensa JRC).

La cifra absoluta, sin embargo, esconde un matiz importante: relativizada por el bosque total de cada país (FAO, 2015 —la última tabla homogénea disponible para los cinco países), España quemó en 2025 en torno al 2,2-2,5% de sus 18,4 millones de hectáreas forestales, mientras que Portugal, con muchísimo menos bosque (3,18 millones de ha), quemó en torno al 8,2-8,5% de todo su territorio forestal en un solo año —proporcionalmente, el país que más arde de los cinco, aunque casi siempre sea España quien encabece el ranking en hectáreas absolutas (FAO, Global Forest Resources Assessment 2015, vía Wikipedia). Damos el cálculo con confianza media: cruza dos fuentes de años distintos (bosque 2015, incendios 2025) y distintas definiciones de "forestal" pueden variar el denominador.

Dato verificado: el factor con la relación más consistente con esta diferencia entre países no es climático, sino demográfico. Un estudio de la Universidad de Vigo (Juan Picos, Escuela de Ingeniería Forestal) sobre 2.129 municipios de España, Portugal y Francia (2016 — 1^er trimestre de 2026) encuentra que España perdió un 8,61% de población municipal entre 2011 y 2023 (29,35% de residentes mayores de 65 años), con una superficie quemada media del 8,24% y grandes incendios en el 6,35% de los casos; Portugal, con una pérdida de población del 10,89% (33,96% mayores de 65), llega a una superficie quemada media del 31,57% y grandes incendios en el 24,87% de los casos. El propio investigador matiza que correlación no implica causalidad (Infobae/EFE).

El daño no está donde se busca

La pregunta natural es cuánto CO2 emiten los incendios y cómo se compara con, por ejemplo, el transporte. Esa comparación no se puede hacer con honestidad, y conviene explicar por qué antes de dar ninguna cifra: el Inventario Nacional no contabiliza los incendios como emisión bruta de un sector. El fuego entra por la contabilidad de usos del suelo (LULUCF), donde reduce la capacidad de absorción en lugar de sumarse a la columna de emisiones. Poner las dos cifras una al lado de otra sería mezclar dos contabilidades distintas.

El impacto real está, por tanto, en el otro platillo de la balanza. En 2024 España emitió 267,7 Mt de CO2 equivalente en bruto, y sus sumideros absorbieron 51,9 Mt — el 19,4% de esa cifra —. El 91,9% de esa absorción viene de tierras forestales. Y ese sumidero está encogiendo: cayó un 1,2% respecto a 2023, arrastrado precisamente por la pérdida de absorción forestal (MITECO, Inventario Nacional de GEI, edición 2026).

Cada hectárea que arde no aparece en el recibo como una emisión nueva: aparece como un descuento que deja de aplicarse, año tras año, hasta que la masa forestal se regenera. Por eso la comparación con el transporte —que emitió el 33,7% del total nacional en 2024, unos 90 Mt— confunde más de lo que aclara: son dos mecanismos distintos sobre el mismo balance.

La chispa: casi siempre humana

Antes de discutir por qué el fuego se descontrola, conviene separar dos preguntas que a menudo se confunden: quién enciende y qué hace que se propague. Sobre la primera hay poco debate.

Dato verificado: según el último decenio con estadística oficial cerrada (2006-2015), el 80,8% de los incendios forestales en España (87,3% de la superficie quemada) tiene origen humano. Dentro de ese origen humano, la causa individual más frecuente es intencionada (52,7% de los siniestros), por delante de negligencias y accidentes (28,1%: quemas agrícolas, maquinaria, líneas eléctricas, hogueras); un 12,1% queda sin causa determinada y solo el 4,9% se debe al rayo (MITECO — EGIF, decenio 2006-2015). Que la causa individual más frecuente sea "intencionada" no equivale a mala fe generalizada ni a tramas organizadas: como se ve en el desglose de motivos más abajo, la mayoría de los intencionados con motivo identificado responde a prácticas agropecuarias tradicionales (quemas de pastos y rastrojos), no a afán de lucro. De media se registran más de 9.700 siniestros al año (Infobae). Las proporciones exactas varían por año y fuente, por lo que las damos con confianza alta (dato primario oficial) y sin falsa precisión.

La segunda pregunta —la propagación— es donde vive todo el desacuerdo. Y aquí manda una regla poco intuitiva: pocos incendios causan casi todo el daño. Los "grandes incendios forestales" (GIF), definidos oficialmente como los que superan las 500 hectáreas, son una minoría numérica pero concentran la práctica totalidad de la superficie quemada (Consumer). Los avances del MITECO lo cuantifican: en 2025, 63 GIF fueron el 0,77% de los siniestros y el 87,4% de la superficie quemada; en 2022, 57 GIF (0,54%) dieron el 80,8%, y en 2024, un año templado, 16 GIF (0,26%) dieron el 34,7% (MITECO 2022, 2024, 2025). Por eso el debate causal se centra en los GIF: son ellos, no los miles de conatos apagados, los que marcan si un año es catástrofe.

No podemos esperar a que lleguen las llamas para actuar.

Lema recurrente del sector forestal sobre la prevención, 2026

Tesis A: la falta de gestión del monte

La primera explicación pone el foco en el combustible: hay tanta biomasa acumulada en el monte que, cuando prende, el fuego encuentra continuidad para convertirse en incontrolable. Y esa acumulación tiene una causa estructural bien documentada: el abandono rural.

Dato verificado: por paradójico que suene, España tiene más bosque que nunca. La superficie forestal crece unas 150.000 hectáreas al año por abandono agrícola y ha ganado en torno a un millón de hectáreas en 15 años. Ese avance, sin gestión detrás, es precisamente el problema: bosque denso, continuo y sin cortafuegos naturales (Infobae / EFE).

La despoblación retiró del territorio las actividades que durante siglos actuaron como silvicultura preventiva gratuita: el pastoreo extensivo que se comía el matorral, la extracción de leña, la agricultura que dibujaba un mosaico agroforestal discontinuo. Sin ellas, el paisaje se homogeneiza y el fuego circula sin barreras (Fundación Artemisan, Animal's Health).

La paradoja de la extinción y el gasto

A este cuadro se suma la llamada "paradoja de la extinción": cuanto mejor se apagan los fuegos pequeños, más combustible se acumula para el gran incendio futuro. Los partidarios de esta tesis denuncian además un desequilibrio presupuestario: la política forestal dedica en torno al 60% a la extinción y menos del 20% a la prevención, cuando —argumentan— debería invertirse la proporción (Oficina C, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología).

Argumento de parte: voces del sector forestal lo formulan de manera contundente —"el problema no es la lluvia ni el tipo de vegetación, es que no limpiamos el monte"— y hay quien va más allá, sosteniendo que "achacar los incendios al cambio climático es eludir responsabilidades" (El Español, COPE). Es la versión fuerte de esta tesis: el clima sería, como mucho, una coartada.

🦬 El caso bisonte: ¿gestión de escala o símbolo?

Entre las herramientas de "silvicultura preventiva" hay una que ha ganado visibilidad mediática: el bisonte europeo (Bison bonasus) como gran herbívoro que desbroza el sotobosque. Dos proyectos concentran casi toda la actividad real en España.

Dato verificado: en enero de 2026 llegaron 9 bisontes (5 hembras, 4 machos) a un cercado semilibre de 400 hectáreas de monte público en El Recuenco (Guadalajara, Parque Natural del Alto Tajo), procedentes de una finca privada en El Espinar (Segovia). El proyecto, de Rewilding Spain junto con la Universidad del País Vasco, la Universidad de Manchester y el centro ECONOVO (Universidad de Aarhus), se presenta explícitamente como investigación sobre el papel del bisonte en la restauración de ecosistemas de montaña mediterránea y prevención de incendios; el alcalde del municipio —unos 80 habitantes— lo justifica como herramienta de gestión para un pueblo despoblado con mucho monte y pocos recursos (eldiario.es, Rewilding Europe).

Más veterana es la red del Centro Europeo para la Conservación del Bisonte (Fernando Morán), con fincas en Ciudad Real, Palencia, Jaén y León: 171 bisontes en 16 centros de cría en 2024, partiendo de 23-24 ejemplares en 2009. Morán lo describe como "un macro-desbrozador andante", con un impacto que calcula equivalente al de 8-9 cabras (Diario de León, Euro Weekly News). No hay que confundirlo con otros proyectos de "rewilding" más conocidos como Campanarios de Azaba (Salamanca), que usa vaca Sayaguesa y caballos Retuerta/Sorraia —no bisonte— dentro del programa Tauros.

El bisonte, en Sierra de Andújar, consumió menos material leñoso que el ciervo, y más de un tercio de la finca ardió igualmente.

Carlos Nores, investigador, sobre el caso empírico más citado en contra

Consenso científico en contra: un artículo firmado por 40 investigadores de 25 instituciones y 9 países —con una declaración institucional conjunta del CSIC (Estación Biológica de Doñana)— desaconseja la reintroducción del bisonte en España: no hay pruebas de que la especie habitara nunca la península ibérica, su expansión histórica está ligada a fases frías y húmedas opuestas a la tendencia climática ibérica, y herbívoros ya presentes —ciervo, gamo, cabra montés— cubren ya ese nicho, con el ciervo ramoneando leñosas con más intensidad que el bisonte (Nores, Navarro y López-Bao, Conservation Science and Practice, CSIC-EBD).

Dato verificado: el problema de fondo es de escala. El 72% del monte español es privado y solo el 11% de ese monte privado tiene instrumento de gestión (44% en el caso del público) —la mayor parte, sencillamente, no la gestiona nadie (La República). Frente a eso, el pastoreo dirigido con ganado convencional ya opera a otra escala: solo la Comunidad de Madrid despliega 21.374 cabezas de ganado (vacas, ovejas, cabras y caballos) en 85 explotaciones contra incendios en las sierras de Guadarrama y Somosierra (El Diario de Madrid). A eso se suma que la hembra de bisonte pare una cría cada 2-3 años, lo que limita mucho la velocidad de cualquier escalado.

En síntesis: el bisonte es hoy un proyecto de investigación puntual, no una política de escala nacional. La solución que ya se despliega de verdad —pastoreo extensivo con especies convencionales— es menos vistosa mediáticamente, pero opera con órdenes de magnitud más cabezas y, aun así, no alcanza al grueso del monte privado sin gestionar.

Tesis B: el cambio climático como amplificador

La segunda explicación no niega el combustible, pero sostiene que lo decisivo es el marco meteorológico: olas de calor prolongadas por encima de 40 °C, humedad relativa muy baja y sequías continuadas que someten a la vegetación a un estrés hídrico extremo. En esas condiciones, hasta un monte razonablemente gestionado puede arder de forma incontrolable.

El concepto clave es el de los incendios de sexta generación: fuegos tan intensos que generan su propia dinámica atmosférica (piroconvección) y quedan fuera de la capacidad de extinción. El analista Marc Castellnou, jefe de los bomberos de Cataluña y del grupo GRAF, lo resume así: un incendio de sexta generación "no se combate, se gestiona"; solo cabe delimitar su perímetro y esperar a que se agote el combustible o llegue la lluvia (Público).

Luchamos contra la nueva generación de incendios, la del cambio climático.

Marc Castellnou, jefe de GRAF (Bomberos de Cataluña), en Catalunya Plural, 30/06/2020 (archivado)

Argumento de parte: organizaciones ecologistas como WWF y Greenpeace enmarcan el fenómeno como una emergencia climática que exige a la vez mitigar emisiones y transformar el modelo territorial; sitúan el clima como el factor que hace saltar el sistema, aunque también reclaman gestión preventiva (WWF España, Greenpeace). La señal empírica del giro está en los GIF: en 2025 casi se triplicaron respecto a la media del decenio (63 frente a 23; MITECO) y en 2026, a 26 de julio, ya se contaban 32 grandes incendios frente a los 7 de la misma fecha de 2025 (EcoAvant).

Dato verificado (parcial): lo que llevamos de 2026 confirma la volatilidad al alza. A 26 de julio, el fuego había arrasado más de 152.000 hectáreas, unas seis veces la superficie quemada en la misma fecha de 2025 (Infobae / EFE, Público). Son datos de temporada en curso, provisionales.

Las tres posturas, enfrentadas

El desacuerdo real no es sobre si el clima o la gestión influyen —casi nadie niega ninguno de los dos—, sino sobre cuál pesa más y, sobre todo, sobre qué política pública se deduce de ello y quién carga con la responsabilidad. Hay una tercera vía que gana terreno en la comunidad científica: la interacción.

Postura C: no es "o uno o el otro", es la interacción

Consenso científico emergente: una lectura mayoritaria entre especialistas sostiene que la dicotomía es falsa. En una imagen muy repetida: el clima carga el arma —seca y calienta el paisaje— y la falta de gestión pone las balas —el combustible acumulado—. Un grupo de especialistas coincidió en priorizar a la vez la gestión del combustible, la recuperación del mosaico paisajístico, el pastoreo controlado, las quemas prescritas y la ordenación del territorio (Oficina C (FECYT), Plataforma Tierra). Bajo esta óptica, discutir cuál "gana" es menos útil que actuar sobre la única de las dos palancas —la gestión— que puede moverse a corto plazo.

El problema no es la lluvia ni el tipo de vegetación: es que no limpiamos el monte.

Paco Castañares, experto forestal, julio 2026

Quién apaga: diecisiete dispositivos y un mando

Apagar un incendio forestal en España no es competencia del Estado. Lo es de las comunidades autónomas, que asumieron "montes y aprovechamientos forestales" por la vía del artículo 43 de la Ley 43/2003 de Montes. El Estado apoya, no dirige: aporta las BRIF, los aviones anfibios, los helicópteros Kamov y el centro de coordinación de información, pero el mando es autonómico hasta que la emergencia sube de nivel.

Ese "hasta que" dejó de ser teórico este verano. Los incendios de Ávila, Madrid y Toledo de julio de 2026 obligaron a declarar la primera emergencia de interés nacional por incendio forestal de la historia de España: el mando pasó al Ministerio del Interior y volvió al INFOCAM de Castilla-La Mancha en cuanto bajó el nivel (Ley 17/2015, elDiario.es).

El problema no es la frontera: es el idioma

La crítica habitual apunta a que el fuego no entiende de límites administrativos y los dispositivos sí. Pero el problema documentado no es que nadie cruce la raya —eso está previsto—, sino que al cruzarla no se entienden. Lo reconoce el propio Estado en el preámbulo del Real Decreto 38/2026 de coordinación, al describir "marcadas divergencias entre los sistemas de codificación de las diferentes comunidades autónomas" y verse obligado a imponer por norma indicativos de radio unívocos, tipologías homogéneas de medios, simbología cartográfica común y un protocolo único de coordinación aérea (BOE, RD 38/2026).

Dicho de otro modo: hasta 2026 los diecisiete dispositivos autonómicos podían llamar de forma distinta a la misma autobomba y usar códigos de radio incompatibles. Donde la norma sí impone unidad de mando es en el aire: su anexo II establece que "la coordinación de medios aéreos será única en todo momento, incluyendo el caso de incendios que afecten a varias comunidades autónomas". En tierra no fija esa unicidad — el protocolo permite delegar funciones sin prohibir que convivan varias autoridades cuando concurren administraciones distintas.

La desigualdad que sigue abierta

La Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, fijó condiciones mínimas comunes. Casi dos años después sigue sin aplicarse en la mayoría de comunidades, y su reglamento de prevención de riesgos laborales venció el plazo en noviembre de 2025 sin aprobarse. UGT lo resume como "mismas funciones, mismos riesgos y derechos distintos según la comunidad autónoma" (UGT, El Salto).

Qué defiende cada actor

Hay una tercera lectura, de los técnicos, que desplaza el foco: el cuello de botella no estaría en el reparto competencial sino en los medios sobre el terreno. Fernando Valladares (CSIC) apunta a "una parálisis operativa por la falta flagrante de camiones" (elDiario.es). Es la lectura que mejor explica el episodio de julio de 2026 en Madrid, donde 17 bomberos forestales denunciaron quedarse en base ante el incendio de Almorox — "no se nos dan los medios para poder desplazarnos" —, un choque que el Gobierno regional calificó de "chantaje" (Infobae).

Acuerdo, núcleo de la polémica y próximos hitos

El método RatioC. busca primero lo que une, para acotar después lo que realmente separa.

Ninguna cifra técnica cierra por sí sola ese debate, porque en el fondo es una discusión sobre prioridades presupuestarias y atribución de culpa. Lo que la temporada de 2026 sí está haciendo es tensar el calendario político: con más de 152.000 ha quemadas a finales de julio, la presión para reformar la política forestal crece.

🔥 Mitos y leyendas

Cuatro ideas que circulan sobre los incendios y que los propios datos oficiales —Fiscalía, MITECO/EGIF, BOE— matizan o desmienten.

🔎 Qué puedes hacer tú

Ninguna de estas vías es una llamada a la acción: son las herramientas con las que cualquiera puede comprobar por su cuenta lo que este análisis afirma, y las obligaciones que le afectan si vive cerca del monte.

• Mira el mapa antes que el titular. EFFIS publica a diario los incendios activos y el área quemada en toda Europa, con datos de satélite (EFFIS · Copernicus). Para la serie oficial española —desde 1968, con más de 150 campos por siniestro— la fuente es la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF, MITECO). Y el riesgo de hoy, en el mapa diario de AEMET.
• Si tienes una parcela cerca del monte, hay obligaciones que te afectan. No hay una regla estatal única: cada comunidad fija las suyas, y varían bastante. Galicia exige una franja de gestión de biomasa de 50 metros alrededor de núcleos y edificaciones (Ley 3/2007); Cataluña, una franja perimetral de 25 metros libre de vegetación seca, más un plan de autoprotección incorporado al plan municipal (Ley 5/2003). El MITECO mantiene un índice de la normativa por comunidad (MITECO), útil como punto de partida — conviene confirmar la versión vigente en el diario oficial de tu comunidad, porque ese índice no siempre está al día.
• Pregunta por el plan de autoprotección. Las urbanizaciones y núcleos en zona de interfaz urbano-forestal deben tener uno, y se integra en el plan de actuación municipal. El ayuntamiento es quien puede decirte si el tuyo existe y en qué estado está.
• Si quieres implicarte, hay estructuras permanentes. El voluntariado forestal de la Generalitat Valenciana mantiene inscripción abierta todo el año, con formación periódica y un compromiso mínimo de diez días anuales (GVA). En el resto de comunidades, la vía estable suele ser la agrupación municipal de voluntarios de protección civil, que se tramita en el propio ayuntamiento.